Vivienda y racismo

Las reflexiones actuales acerca de la ciudad ponen el eje en el goce del espacio público por el conjunto social; hacer ciudad sobre la ciudad, garantizar el uso plural, la mezcla de actividades, romper los guetos. Sin embargo el incontenible avance de la urbanización –más del 50% de la población mundial vive en ciudades – en un contexto de concentración de las riquezas y crecimiento de la desigualdad acentuado por la actual crisis de los países supuestamente desarrollados, genera simétricamente grandes bolsones de pobreza, segregación social, desigualdad, discriminación, exclusión e injusticia.

Las ciudades se fragmentan en espacios del exceso y la sobreabundancia construidos alrededor del transporte privado individual, el consumo y los centros de ocio y como su contracara espacios de marginalidad, aislamiento y segregación.

El muro (Ciudades de muros las llamó Teresa Caldeira) el alambrado y la reja definen el límite entre lo público y lo privado, las barreras físicas aparecen como expresión de la discriminación social y la segregación que producen señala la inscripción territorial de sus diferentes formas – entre las cuales el racismo suele manifestarse a menudo en forma explícita.
Exclusión residencial, xenofobia y marginación a los pobres toman así formas equivalentes en el espacio urbano; a veces de manera espontánea a través de las conductas individuales o grupales, en la generalidad de los casos escondidos en reglamentos tolerados por las administraciones locales.

Discriminación y segregación suelen también confundirse en un mismo proceso en el que ésta termina siendo consecuencia de la primera; sin llegar al extremo de una inmobiliaria alemana (Nassauische Heimstätte, para colmo de propiedad de varios estados federados) que decidió que como “Ya no creemos más en una comunidad mixta y feliz” lo mejor para evitar los crecientes problemas entre inquilinos de diferente origen es “crear vecindarios con rasgos étnicos únicos”, las restricciones o negativas a la venta o alquiler de propiedades a determinados grupos configuran el marco que los empuja de hecho a determinadas zonas generalmente desfavorecidas en el desarrollo urbano.

No es nueva esta temática en la historia argentina, desarrollada ya en 1883 por Sarmiento en su “Conflicto y armonía de las razas en América”, y luego por numerosos autores hasta el primer cuarto del siglo XX. Con el inmigrante como centro de todos los males, los cuestionamientos terminaban siempre con el desplazamiento de las poblaciones obreras hacia la periferia utilizando el suelo vacante (de valor creciente en las áreas céntricas) para la construcción de edificios de varios pisos que redituaban mayor renta; pobreza, inmigración y conducta inmoral constituían un único argumento que llega hasta nuestros días.

Nada diferente a lo que presenciamos en épocas de la dictadura militar con el Brigadier Cacciatore y su “ciudad blanca” para aquellos que la merezcan y el resto de vuelta a sus provincias y ahora con las declaraciones de Mauricio Macri durante la toma del Parque Indoamericano por aquellos que siguen privados del espacio urbano y la tierra para su vivienda; para él “bolivianos y paraguayos” son “delincuentes y narcotraficantes”. Un siglo y medio con el mismo discurso….

Seguramente desconoce el Jefe de Gobierno de la CABA mientras sostiene estas posturas que incitan de hecho a sus “vecinos honestos” a actuar por mano propia, que la UNESCO ha promovido la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia y en Europa la “Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo” que ha expresado:
“Las ciudades también son laboratorios donde pueden inventarse nuevas formas de ciudadanía urbana y de convivencia. Constituyen un espacio ideal para llevar a cabo una lucha contra el racismo que permita poner en práctica de forma efectiva los distintos instrumentos aprobados por los estados.

El gobierno de las ciudades, normalmente, está en manos de unas autoridades locales que suelen ser cercanas a los ciudadanos, y que, por lo general, disponen de un cierto grado de autonomía, recursos, y redes de apoyo y solidaridad. Por tanto, disponen de capacidad para impulsar iniciativas ambiciosas e innovadoras contra el racismo, sobre el terreno, que pueden resultar eficaces.

Las autoridades locales, sobre todo en el contexto de las ciudades, tienen un papel clave en la movilización de fuerzas, incluso en las esferas que quedan fuera de sus competencias administrativas, y también, en la implantación de medidas antidiscriminatorias que pueden conllevar cambios sustanciales.”

Es decir que en todos los casos se da cuenta de la posición central que deben asumir los gobiernos locales para generar un ambiente físico y cultural que promueva la igualdad real entre los ciudadanos (mucho más que los abstractos vecinos) asumiendo la conflictividad que las cuestiones urbanas han alcanzado en nuestros tiempos.

Y al hablar de igualdad no lo hacemos en nombre de una abstracción que considere a todos los seres humanos como “idénticos” sino que por el contrario reconozca que lo único que asegura la igualdad es la libertad de posibilidades para que se manifiesten todas las expresiones culturales. Es el derecho al reconocimiento del patrimonio cultural de cada colectivo social. Es la posibilidad de expresarse con libertad.

En el caso de la vivienda el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha sido claro en lo que se refiere a la adecuación cultural de la vivienda:
“La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir una adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en esta esfera deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda”
Llevado a la práctica significa en primer lugar el derecho al lugar, a conservar su residencia en el territorio en el que se encuentra y en el que ha desarrollado sus relaciones comunitarias; en un espacio urbano (o rural en los casos en que así sea) con vocación igualitaria por su calidad e integrador por su conformación.

En cuanto al tipo de vivienda, implica necesariamente la participación de la comunidad en la definición de las alternativas tipológicas, en el respeto a las diferencias regionales, a los modos de utilización del espacio, a las prácticas culturales propias de cada grupo. Es dejar de lado la producción burocrática que prioriza el “viviendismo” de los metros cuadrados y el beneficio empresario de los planes convencionales, incorporando lo que cada colectivo social reconoce como necesidades y prioridades en la construcción de su hábitat.

Jaime R. Sorín

Jaime Sorín es arquitecto. Ha sido decano de la Facultad de arquitectura y urbanismo, UBA.