La autonomía política requiere de la soberanía de la palabra

La aprobación y puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) inició el fin del despotismo de una de las peores formas de dominación posibles: la que se ejerce mediante el control de las plataformas multimedia que producen la realidad y la agenda de la opinión pública al servicio de grupos económicos. Para que ello sucediera hubo que recuperar la política en la Argentina.

Hacia fines del siglo pasado vimos derrumbarse una idea del Estado y la política: ambas cayeron rendidas a los pies del mercado, con una sociedad que creyó resolver sus problemas con el “que se vayan todos”. Fue necesario tocar fondo con la crisis del neoliberalismo para recuperar a partir de la gestión de Néstor Kirchner en 2003 una idea reparadora de la política. La concentración económica y mediática de la década de los 90 había sido el punto de inflexión de una forma de hacer política; ahora vendría el turno de cuestionar el orden mediático para hacer posible el debate sobre el proyecto nacional.

La política recuperada, como las fábricas o la soberanía, debía producir también otros lugares inclusivos y participativos para la comunicación. Desarmar un sistema excluyente y de relato único por nuevos formatos y discursos.

Nueva comunicación significa nuevos planteos, nuevas herramientas de producción simbólica, nuevos dispositivos, nuevas ideas en acción, nuevos sujetos sociales y puntos de vista, nuevas estéticas y nuevos medios en un contexto de plataformas tecnológicas y lenguajes cambiantes. Reclama dejar atrás los formatos y alfabetos audiovisuales que impregnaron generaciones, que trazaron surcos y contratos de consumo. Que deben reformularse y resignificarse para albergar otras agendas y mensajes en el marco de un replanteo de la cultura y las relaciones sociales atravesados por nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Hay una nueva agenda de la política que recupera los viejos símbolos industriales y energéticos, un Estado presente en los asuntos estratégicos, la reparación social o la soberanía y también el desarrollo científico y tecnológico. Pero la caída de los axiomas del país agroexportador excluyente y su reemplazo por una idea de desarrollo integral con valor agregado industrial e inclusión social requiere también de una “pedagogía” que despliegue los valores de la solidaridad, la producción y la participación. Que pueda gestar una épica de la construcción nacional produciendo sus héroes y paradigmas.

Afortunadamente, el Estado argentino no ha estado ausente en los últimos años y ha encarado iniciativas históricas en el campo de la comunicación procurando estimular nuevos circuitos de producción, distribución y acceso a bienes culturales. En forma conjunta con la ley de medios se han desarrolado programas de acceso a recursos informáticos, los planes de infraestructura de banda ancha con carácter federal como Argentina Conectada, el plan de fomento de contenidos de la televisión digital, el Plan Nacional Igualar Cultura o el programa de Contenidos Digitales Abiertos (CDA), un sistema que facilitará el acceso a demanda de contenidos nacionales.

Para ello se requiere articular los recursos, la política y la organización de los nuevos actores en el mapa de la comunicación. Este es el desafío. Necesitamos un estado inteligente y capaz de unificar sus posibilidades para ponerlas al servicio de la nueva agenda de las transformaciones y de las nuevas voces que deben expresar a nuestro pueblo.

Parte de este cambio ha sido la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre basado tecnológicamente en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), que se propone emplear las nuevas tecnologías como “posibilidad de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico nacional, la creación de empleo especializado, el acceso democrático y plural a los medios de comunicación, la mejora de la calidad del servicio televisivo, y el progreso social y cultural del país”.

Se trata de un sistema concebido para hacer llegar los adelantos tecnológicos, por primera vez en la historia, a los más pobres.

La democratización del acceso a las comunicaciones impone también una mirada global que nos ponga a la cabeza de la convergencia tecnológica. Para que el nuevo escenario no sea conducido por el mercado de los grupos telefónicos o mediáticos bajo la única razón de la rentabilidad. Sino que sean herramientas para el acceso de los sectores populares al mundo de la información y el conocimiento. Debe ser la política, y no las corporaciones mediáticas o de telecomunicaciones quienes conduzcan la convergencia de la televisión con la computadora, la telefonía, los contenidos, el entretenimiento, la información.

La suma de los objetivos de la Ley 26.522 y el desarrollo de nuevas plataformas públicas deben promover y garantizar el acceso de los diversos sectores sociales a las frecuencias de TV y al mundo digital, incentivándolos a producir y difundir contenidos propios. También supone una oportunidad para la inclusión de personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos: la televisión digital puede permitir el acceso al subtitulado oculto, la lengua de señas argentina o la audiodescripción.

La reglamentación del artículo 66 de la Ley N° 26.522, y su efectiva aplicación, reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, permitiéndoles vivir en forma independiente, propiciando así su plena participación en todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad. Tal es uno de los objetivos de la Ley N° 26.522, en cuanto establece en su artículo 3°, inciso n) el deber de garantizar el derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad.

Pero las posibilidades de inclusión y de ciudadanía que implica la nueva política pública en materia de comunicación aún encuentra los obstáculos del viejo esquema, que se resiste al cumplimiento de las normas de la democracia. Grupos monopólicos que aún abusan de la propiedad cruzada entre sistemas de cable y televisión abierta, o se resisten a cumplir con una grilla previsible para los usuarios, o a limitar la cantidad de licencias que poseen, o a aceptar el tope de un 35% del mercado conforme lo manda la ley no sólo están disputando la política del sector, sino la totalidad del programa de gobierno votado por amplias mayorías en las elecciones presidenciales de 2007 y 2011.

Asumen ser portavoces de un proyecto político que expresa intereses ajenos a las mayorías populares y muchas veces al interés nacional, como se advierte en sus lineas editoriales sobre asuntos estratégicos como Malvinas o la recuperación de YPF para la política energética nacional.

De allí que debemos asumir la lucha por la construcción de un mapa inclusivo y accesible en la comunicación como un desafío político, entendiendo que la diversidad y el federalismo en la distribución de la imagen y la palabra son la base de sostenibilidad de una democracia con autonomía.

Luis Lazzaro

Coordinador de Planeamiento Estratégico Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)