Ecuador: el Buen Vivir en la Constitución

Introducción

Cada período histórico se configura por una serie de relaciones sociales que reflejan unos imaginarios, unos modos de vida, unos valores y unas formas de organización de la vida en sociedad.

El Ecuador, durante sus casi dos siglos de vida republicana, ha transitado por distintos procesos económicos y políticos intentando configurarse como una Nación. Con una larga herencia colonial, en este transitar se han impulsado diversas estrategias de acumulación y diversos tipos de organización del Estado.

Sin embargo, en términos económicos, pese a la existencia de distintas formaciones económico–sociales durante la historia republicana, la constante ha sido el patrón primario exportador de la economía ecuatoriana, la que se ha caracterizado por estar basada en productos primarios, como el cacao, el banano, el petróleo y, más recientemente, las flores, los camarones, etcétera.

Hasta la actualidad el desarrollo industrial en el país es incipiente. En la década de 1970, con el descubrimiento del petróleo en la Amazonía, el Ecuador asume un modelo rentista, basado en la explotación petrolera como principal producto de exportación. El presupuesto del Estado se multiplica por diez y el país empieza a dar los primeros pasos en la construcción de un Estado desarrollista, que impulsa inversiones viales, intenta integrar el país y promueve procesos de desarrollo rural. Las oligarquías y los sectores dominantes recurren al Estado como proveedor y salvador en los momentos de crisis, y empiezan a dotar al Estado de un carácter patrimonialista, que se conserva hasta la actualidad.

En las últimas décadas en el Ecuador, como todos los países de América Latina, se empieza a aplicar el recetario liberal. De este modo termina de articularse la tríada entre neocolonialismo, rentismo y neoliberalismo que ha traído nefastas consecuencias para el país.

El crecimiento económico en los años 90 fue menor en un 5% que en la década de 1970 y apenas unas décimas mayor que en la década perdida de los 80. Pero, además, fue un crecimiento concentrador, que no generó empleo y mantuvo a más de la mitad de la población ecuatoriana subempleada. Se trata de un crecimiento basado en el petróleo, que ha destruido gran parte de la Amazonía ecuatoriana y de un modelo de desarrollo basado en la exportación de bienes primarios, que ha agudizado la crisis ambiental. Pese a ser un país exportador de petróleo, el Ecuador no produce derivados, por lo que importa combustibles. La dependencia del petróleo ha aumentado en los últimos años, llegando a representar en el 2006 el 60% de las exportaciones.

El neoliberalismo, al igual que en toda América Latina, en el Ecuador provocó el aumento de la desigualdad. Desigualdad que tiene expresiones territoriales y sociales muy concretas: las poblaciones más perjudicadas por el modelo de desarrollo vigente han sido, sin duda, los pueblos indígenas y afroecuatorianos, quienes muestran los mayores niveles de pobreza, acceso a servicios públicos como educación o salud y además han sufrido históricamente procesos de discriminación y exclusión social. Territorialmente, la región más relegada es la Amazonía y algunas provincias de la Sierra Central, también habitadas por poblaciones indígenas. Paradójicamente, la Amazonía es la región de donde se extrae el petróleo, que constituye el principal rubro de exportación del país. Las áreas rurales presentan niveles de pobreza muy superiores a las áreas urbanas.

Por otra parte, el esquema de acumulación privada se ha basado en la transferencia de recursos públicos. Dos casos son ilustradores: durante el gobierno de Osvaldo Hurtado en la década de los 80, se sucretizó la deuda privada, lo que significó una pérdida de aproximadamente 3 mil millones de dólares para el Estado ecuatoriano. Durante el gobierno de Jamil Mahuad, el salvataje bancario significó una pérdida de cerca de 8 mil millones de dólares para el Estado. Mientras que la inversión en educación entre 1980 y el 2004 se redujo del 30 al 12% y el servicio de la deuda se incrementó del 16% del presupuesto general del Estado en 1980 a más del 40% en los primeros años de la década del 2000.

El Estado ecuatoriano fue desmantelado, las oficinas de planificación desmontadas, se perdieron las posibilidades de regulación, se privatizó al propio Estado y la política social se transformó en un paliativo de la arrasadora política económica.

El triunfo electoral de Rafael Correa en el Ecuador en 2006, creó grandes esperanzas para el campo popular en el país y en América Latina. El gobierno de la Revolución Ciudadana se plantea un programa que revierta los planteamientos del “Consenso de Washington” y permita al país iniciar una era post – neoliberal, cuyo centro constituye la “redistribución de la riqueza como un conjunto de medidas que tienen fuertes implicaciones democratizadoras” . Por otra parte, la agenda programática de la Revolución Ciudadana se plantea enfrentar las estructuras oligárquicas de poder.

Desarrollo y Buen Vivir

La Constitución del Ecuador supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el alcanzar el sumak kawsay o buen vivir. Frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado, impulsada por el pensamiento neoliberal, la Constitución ecuatoriana formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y comparte una serie de interacciones con el Estado, la sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de la humanidad una Constitución reconoce los derechos de la naturaleza ésta pasa a ser uno de los elementos constitutivos del Buen Vivir.

El pensador boliviano René Zavaleta propone el concepto de “forma primordial” para pensar formas de relación y articulación entre el Estado y la sociedad civil. Distingue una “forma primordial vigorosa” de una “débil”. Una forma primordial vigorosa se caracteriza por relaciones de integración y comunicación más continuas entre estado y sociedad civil, generando un proceso de Producción de poder social y político de manera ascendente, que tiene la capacidad de resistir dominaciones externas. Por el contrario, una forma primordial débil se caracteriza por la generació relaciones de exclusión y discriminación, que tiende a usar la represión para paliar la mala relación entre Estado y sociedad civil y es altamente vulnerable a las determinaciones externas.

Al superar la visión mercadocéntrica de la vida social y concebir al desarrollo como un flujo de relaciones entre mercado, sociedad, naturaleza y Estado, la nueva Constitución ecuatoriana estaría apuntando hacia la construcción de una forma primordial vigorosa, que permita la construcción de una sociedad más justa y equitativa y simultáneamente se inserte en el contexto internacional desde una perspectiva soberana.

Frente al desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo, se hace fundamental recuperar el Estado para la ciudadanía, en el marco de la recuperación de lo público, entendido en un sentido más abarcativo, que rebasa el ámbito netamente estatal. De ahí que la Carta Magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la planificación, redistribución, regulación y control. Sin embargo, no se trata de una visión estatizante, en la que el antiguo rol del mercado es sustituido acríticamente por el Estado.

Por el contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y al reconocer a la participación como elemento fundamental en la construcción de la nueva sociedad, la nueva Constitución busca el fortalecimiento de la sociedad como condición necesaria para el buen vivir en comunidad. De este modo se impulsa la construcción de un verdadero poder social y ciudadano.

La participación social y ciudadana es un eje transversal en la nueva carta magna del Ecuador. En toda la historia republicana del país no ha existido una Constitución que le dé un peso tan importante a la participación como la actual; esta afirmación es válida también si comparamos con otras constituciones de los países latinoamericanos. (…………………………..)

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público; establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional; promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276). (…………………………)

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana busca la universalización de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer efectivos los derechos. De este modo, se deja atrás la concepción de educación, salud o seguridad social como mercancías.

En este marco, la Constitución garantiza la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel y reafirma el carácter laico de la misma; también garantiza la gratuidad de la atención de salud; se extiende la seguridad social a toda la población, independientemente de su condición laboral; se prohíbe la privatización de la seguridad social. Por primera vez, se incorpora en la Constitución una sección sobre la cultura física y el tiempo libre, como elementos del Buen Vivir. (……)

Las posibilidades reales de construcción de un país verdaderamente plurinacional dependen en gran medida de las características que los pueblos y las nacionalidades del país vayan imprimiendo a sus procesos territoriales. En este sentido, será fundamental la revitalización de las comunas y el resurgimiento potente de los gobiernos comunitarios, desde una perspectiva de construcción de poder social y comunitario que pueda ser capaz de plantear otras formas de organización del mundo, más solidarias y sostenibles. La construcción del Estado plurinacional recién inicia y será sin duda un proceso gradual en que la propia sociedad pueda ir reconociéndose y transformándose en su diversidad, de modo que las relaciones interculturales puedan ser efectivamente simétricas y no estén atravesadas por relaciones de poder, dominación y estigmatización del otro cultural. El principal riesgo contra el que habrá que luchar es que la plurinacionalidad quede confinada a lo local y se construyan gobiernos territoriales que no articulen lógicas de transformación del Estado en su conjunto y de incidencia y relación con el Estado central.

Una de las tareas más importantes que queda abierta después del proceso constituyente es la lucha contra el racismo y la discriminación, que supone un verdadero cambio cultural de largo plazo.

El debate constituyente sobre los temas étnicos reveló el altísimo grado de racismo aún presente en la sociedad ecuatoriana. También hizo evidente que la superposición de mentalidades, ideologías e imaginarios presentes en el país tienen unos clivajes territoriales concretos. El regionalismo construye formas de relacionarse con los otros que van modelando también los aspectos estructurales en las localidades y el país y van configurando también los territorios.

La versión más desarrollada de este trabajo se encuentra en el número 7 de Observatorio Latinoamericano, junio de 2011.

Ana María Larrea Maldonado

Ana María Larrea Maldonado nació en Ecuador. Es antropóloga y se desempeña actualmente como Subsecretaria de Planificación para el Buen Vivir en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del gobierno ecuatoriano.